Carolina Martínez Directora de la Mesa Joven de Sostenibilidad CIDERE Coquimbo
Ya han pasado tres semanas desde el inicio de las protestas que han mantenido prácticamente paralizada a la principal empresa de la región,
Minera Los Pelambres, en la comuna de Salamanca. La interrupción de las actividades se debe a particulares que han bloqueado la ruta de acceso,
impidiendo el movimiento de trabajadores y contratistas propio de una faena de este tipo. En un principio se entendió como una suerte de reacción popular
a un derrame de concentrados, ocasionado por una falla en un ducto; pero con el paso de los días se fue revelando que la empresa ha recibido toda
clase de exigencias de parte de los manifestantes, desde pavimentación de calles hasta atenciones de salud, materias que, obviamente, son de
competencia del estado y no de una empresa privada.
Aun cuando la minería es, por así decirlo, parte del ADN de Chile, y en particular de la macrozona norte, resulta inevitable que surjan conflictos con poblaciones cercanas y con otras actividades productivas. Pero la coexistencia no sólo es posible, sino potencialmente provechosa para todas las partes. Este último principio aplica plenamente al caso de la minería, cuyos beneficios, lejos de circunscribirse a los propietarios de las respectivas empresas y a sus trabajadores, tienen un efecto multiplicador que impacta ampliamente sobre los territorios. Así pasa, por ejemplo, con el empleo,en donde, por cada uno de los 234.000 puestos de trabajo directos que brinda la minería, existen otros 2,55 cupos indirectos, básicamente debido a la alta demanda de productos y servicios que genera; se calcula que del
orden de 6.300 empresas chilenas son proveedoras de la minería.
Las empresas mineras destacan, igualmente, en la aplicación de políticas de responsabilidad social. Sin ir más lejos, la propia Minera Los Pelambres desarrolla en su zona de influencia directa, la provincia de Choapa, programas de apoyo a los agricultores en la incorporación de medidas de eficiencia hídrica y potenciación de negocios; colabora decisivamente en la diversificación de la oferta educacional local; subvenciona proyectos de infraestructura comunitaria; privilegia la contratación de mano de obra y empresas colaboradoras dentro de la provincia (por ejemplo, más del 42% de la dotación permanente de empresas colaboradoras proviene de Choapa);
mantiene directamente un centro cultural y un parque rupestre; entre una notable diversidad de acciones.
Ahora que la empresa se encuentra en obligada detención, crece el temor frente al perjuicio que ello pueda provocar en el PIB y las exportaciones
regionales, y sobre todo en la economía local, las fuentes laborales de las cerca de nueve mil personas cuyos empleos dependen de MLP –entre trabajadores propios y de firmas contratistas– y la continuidad de las ya comentadas iniciativas de bien social. Claramente, no son sólo los inversionistas quienes resultan dañados en un escenario como este.
Muchas de las demandas de las comunidades del valle del Choapa interpretan anhelos válidos. Pero no parece justo ni apropiado esperar que una empresa atienda las carencias históricas que la acción estatal no ha podido resolver, ni menos que lo haga en respuesta a una medida de fuerza.
En un territorio con historia y presente minero, el conflicto en Salamancanos recuerda la necesidad de desarrollar relaciones de coexistencia sana entre empresas y comunidades; buscar los equilibrios, la forma de trabajar asociadamente en proyectos que beneficien a los pobladores y que las mineras, a través de sus presupuestos de responsabilidad social, puedan efectivamente financiar. Y todo esto comprendiendo que las iniciativas más exitosas son las que se gestan como fruto de ese trabajo en conjunto, no a partir del conflicto. La búsqueda del ganar/ganar debe ser desde el diálogo, no desde la presión.
