Andrés Fariña Socio Grupo Empresas Tek Integrante de la Mesa Joven de Sostenibilidad CIDERE Coquimbo
El enfoque contemporáneo sobre el papel de las empresas en la sociedad apunta a la sostenibilidad, situándolas como actores preocupados no solamente de ser rentables, sino también del bienestar que son capaces de generar para sus propios públicos internos –en particular, sus trabajadores– y para las comunidades en las que se insertan. Así, es cada vez más común que las empresas desarrollen mecanismos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos; propongan y ejecuten actividades en
ámbitos como educación, salud y seguridad; impulsen campañas de consumo responsable; promuevan medidas de comercio justo; financien o participen en proyectos de preservación ambiental, etc.
Muchas de estas actividades implican complementar las tareas que corresponden a instancias gubernamentales y de la administración pública. Por ejemplo, donación de implementos para establecimientos educacionales, construcción de sedes comunitarias, instalación de luminarias en localidades apartadas, programas de desarrollo cultural o de empleabilidad, entre muchos otros. Pero en ningún caso puede una empresa suplantar o reemplazar al estado.
Estas es una de las muchas lecturas que puede extraerse de la crisis derivada de la toma de la ruta D-835, al interior de Salamanca, y la consecuente paralización de las faenas de Minera Los Pelambres, que bordea ya su tercera semana. Un hecho que provoca honda preocupación por los efectos que esta inactividad en la empresa más grande de la región está acarreando, y no es difícil entender por qué: la compañía es la principal exportadora de la región de Coquimbo y una de las más grandes cupríferas del país; ocupa a unos 900 trabajadores en forma directa y a cerca de ocho mil de empresas contratistas; sus diversos encadenamientos productivos generan demanda para cientos de pequeñas empresas locales, y su presencia influye directamente en el comercio y toda clase de servicios en la provincia de Choapa.
A la fecha, la paralización ha obligado a desmovilizar a más de 50 empresas colaboradoras y 1.000 trabajadores. La situación se mantiene en vilo.
Aunque la movilización partió como reacción a un derrame accidental de concentrado de cobre, derivando en la natural preocupación por eventuales efectos ambientales –por lo que se sabe, el daño fue muy acotado y reparado rápidamente–, muchas de las demandas de quienes mantienen los cortes de caminos tienen poco o nada que ver con eso. De hecho, ha aparecido toda clase de requerimientos, relativos a necesidades históricas, como alcantarillado, postas, pavimentación, luminarias, conectividad de telefonía celular, dotación de médicos, etc. Todas aspiraciones legítimas, pero que dicen relación con políticas públicas, no con el espacio de acción de una empresa, por grande que esta sea.
Esta aparente confusión de roles rigidiza los espacios de negociación, al requerir a una de las partes en conflicto acciones en las cuales obviamente podría colaborar, pero no asumir directamente.
Por cierto, una de las obligaciones del estado, y en particular del Poder Ejecutivo, es la seguridad pública. Es el gobierno el responsable de garantizar el libre desplazamiento y la seguridad de todos los chilenos, incluyendo los trabajadores de cualquier empresa.
Siendo este un campo de acción privativo del estado, no cabe esperar que los particulares, incluyendo las empresas, se hagan cargo por sí mismos.
Para eso –se supone– existen las autoridades.
